Recientemente se ha publicado en el BOE el “Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica”.
Desde la federación FENIE, nos envían un RESUMEN con los principales puntos de interés para el colectivo de empresas instaladoras introducidos por este Real Decreto, que esta muy centrado en proteger a los consumidores en sus relaciones con los distintos agentes del sector eléctrico, en él, se recogen algunos puntos que resultan de especial interés en las labores de asesoramiento y gestión que las empresas instaladoras ofrecen a sus clientes:
- Se establece como derecho del consumidor el acceso a al menos un canal telefónico gratuito y una dirección de correo electrónico a través de las cuales el gestor de red atienda las cuestiones que en cada caso resulten oportunas para el acceso y conexión de las instalaciones del consumidor.
- Para contratos de baja tensión con más de 20 años de antigüedad, al solicitar un aumento de potencia la distribuidora debe verificar la instalación pudiendo cobrar los derechos de verificación vigentes. Si la instalación no cumple con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, la empresa distribuidora deberá exigir su adaptación y la presentación del correspondiente boletín del instalador, que deberá custodiar mientras esté vigente.
En este punto resaltan la repuesta que en su momento el MINTUR trasladó a una consulta de FENIE en la que aclaraba que las verificaciones que las empresas distribuidoras lleven a acabo no pueden suponer carga alguna para la persona titular de la instalación o la empresa instaladora.
- Para los cambios de titularidad de contratos en baja tensión cuya antigüedad sea superior a veinte años, si no se modifican las condiciones técnicas y la modalidad de contratación del peaje de acceso, no procederá por parte del distribuidor la solicitud de un nuevo certificado de la instalación eléctrica o la verificación de las instalaciones.